Más de 35 días han pasado
desde la captura de la primera precandidata de la oposición en Nicaragua.
Tras este primer episodio, la persecución continuó y en total son 6 los
precandidatos detenidos que no podrán participar en el proceso electoral
agendado para el próximo 7 de noviembre.
La comunidad internacional ha
sido enfática en insistir que las acciones judiciales contra los precandidatos
opositores son incompatibles con un proceso creíble, transparente y abierto.
Desde diferentes liderazgos,
Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha insistido en detener la
censura y afectación de los derechos humanos en este país centroamericano.
Una
de las primeras medidas dadas a conocer por el Gobierno de Joe Biden ante la
captura de precandidatos, fue sancionar a varios miembros del régimen de Ortega,
cómplices de los procesos represivos.
Entre las personas sancionadas
se encuentra Camilla Ortega Murillo, hija y asesora de Daniel Ortega, Leonardo
Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio
Modesto Rodríguez Balladares, exmilitar que dirige el Instituto de Previsión
Social Militar (IPSM) y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la
Asamblea Nacional, según detalló Ned Price, portavoz del Departamento de
Estado, de los Estados Unidos.
Las
sanciones incluyeron el bloqueo de las propiedades e intereses de
propiedades estadounidenses que posean o controlen las personas
sancionadas. Esas propiedades e intereses deben ser reportados a la Oficina
de Control de Activos Extranjeros. También queda bloqueada cualquier
entidad de la que los individuos tengan al menos el 50% de la propiedad directa
o indirectamente.
En
Washington permanece además un proyecto de Ley cuyo objetivo es aplicar
sanciones políticas y económicas al régimen Ortega- Murillo por la ola
represiva y la captura de precandidatos y líderes de la oposición.
Se
trata del proyecto “Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma
Electoral en Nicaragua” (RENACER, por sus siglas en inglés), y contempla
entre otras cosas monitorear, informar y abordar los hechos de corrupción y los
abusos contra los derechos humanos.
La
iniciativa fue respaldada de forma unánime por demócratas y republicanos en
el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y para que entre en vigencia
debe ser aprobada por la Cámara de Representantes y luego ser firmada por el
Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
El
Gobierno estadounidense ha sido enfático en detallar que las medidas y
sanciones económicas se deben tomar en bloque y no de forma unilateral, para
que tengan más impacto en el país nicaragüense.
El
régimen de Daniel Ortega considera que las medidas corresponden a una estrategia
de Washington para debilitar al Gobierno de Nicaragua por su política
independiente de los intereses estadounidenses.
En
intervenciones públicas ante organismos internacionales como la Organización de
Estados Americanos (OEA), el Gobierno en ejercicio justifica sus acciones
argumentando que se trata de un tema de soberanía nacional y del estado de
derecho, y ataca la intervención internacional al considerarla una
injerencia sobre asuntos internos del país.
La respuesta de la comunidad internacional continúa. Precisamente hoy 8 de junio, el Parlamento Europeo votará sobre el proyecto de resolución “Situación en Nicaragua”, el cual incluye sanciones directas que implicarían un golpe certero a las finanzas en Nicaragua, y propone aumentar la presión al régimen Ortega-Murillo.
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