Canadá se une a sanciones para Nicaragua

 

Canadá se unió a Estados Unidos en la decisión de imponer sanciones al Gobierno de Nicaragua, como respuesta a la represión, censura y arrestos de líderes de la oposición perpetuados en los últimos meses.

Las sanciones impuestas por Canadá están dirigidas a 15 funcionarios, entre ellos Camila Ortega Murillo, hija del Presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, Vicepresidenta de este país centroamericano.

La lista de sanciones se extiende a personal de altos mandos policiales, a la Fiscal General de la República, Ana Julia Guido; al Magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Ignacio Campbell; al Ministro de Hacienda, Iván Adolfo Acosta Montalván; José Jorge Mojica Mejía; al Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Marvin Ramiro Aguilar García; a los Diputados sandinistas Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Edwin Ramón Castro Rivera; al Presidente del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez y a Julio Modesto Rodríguez Balladares, general de brigada y Director del Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua.

A partir de ahora, los 15 funcionarios tienen prohibido realizar cualquier transacción en Canadá, pues se aplica la congelación de sus activos y fueron declarados inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.

Con la publicación de las sanciones el gobierno canadiense pide "la liberación inmediata de los candidatos políticos arrestados, encarcelados o detenidos arbitrariamente, así como la liberación de todos los presos políticos y el fin del arresto y el acoso a los medios de comunicación independientes y a los actores de la sociedad civil".

Las medidas también pretenden ejercer presión para garantizar unas elecciones libres y justas el 7 de noviembre próximo.

A raíz de los arrestos represivos, Canadá es el segundo país en anunciar sanciones recientes para Nicaragua.

El primero fue Estados Unidos, cuyas sanciones se aplicaron a Camilla Ortega Murillo y para Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, Presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Balladares, exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) y Edwin Ramón Castro Rivera, Diputado de la Asamblea Nacional.   

Las sanciones incluyen el bloqueo de las propiedades e intereses de propiedades estadounidenses que posean o controlen las personas sancionadas. Esas propiedades e intereses deben ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros. También queda bloqueada cualquier entidad de la que los individuos tengan al menos el 50% de la propiedad directa o indirectamente.

El Gobierno de Joe Biden anunció además la restricción de la visa a 100 personas vinculadas al régimen Ortega -Murillo, entre ellos miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua y el sistema judicial nicaragüense, fiscales y jueces, así como algunos de sus familiares.

La restricción de visas se aplica a los ciudadanos nicaragüenses que se considera que son responsables o cómplices de acciones que socavan la democracia, incluidos aquellos responsables o cómplices de la represión de protestas pacíficas o violaciones de los derechos humanos, y los familiares directos de tales personas.

A la presión internacional hacia la situación de crisis en Nicaragua, se unió el Parlamento Europeo (PE), con la aprobación de una resolución que solicita la ampliación de la lista de personas e instituciones que deben ser sancionadas, incluidos Daniel Ortega, Presidente de la República, su esposa y Vicepresidenta Rosario Murillo, así como su círculo cercano.

La resolución también pide la liberación inmediata de los presos políticos, que Nicaragua levante el estado de sitio de facto y que se modifique la Ley Electoral con los parámetros establecidos por la Carta Democrática Interamericana. Para que la resolución sea aplicada, requiere la aprobación del Consejo de la Unión Europea, y del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell.