Continúa la receta del régimen Ortega-Murillo: elecciones sin competencia

 

Quedan 4 meses para las elecciones presidenciales en Nicaragua y el panorama está lejos de ser alentador. Las acciones represivas del Gobierno en ejercicio apuntan a un proceso electoral sin competencia, donde el régimen Ortega-Murillo asumiría el poder por cuarta vez, y por tercera de forma consecutiva.

El objetivo de reducir al mínimo las opciones presidenciales se confirmó una vez más este fin de semana, cuando el Ministerio Público citó a entrevista a la abogada María Asunción Moreno, apenas 48 horas después de que confirmara su intención de oficializar su candidatura por el partido Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL).

La Alianza Cívica Nicaragua denunció la persecución judicial emprendida contra Moreno, y en un comunicado de prensa describieron el acto como una acción de persecución y hostigamiento.

“Una vez más los miembros de la Alianza Cívica continúan siendo objetos de represión y persecución política hacia ciudadanos con vocación democrática y deseos de cambios en el país. Acompañamos y respaldamos a María Asunción Moreno Castillo, por ser una ciudadana íntegra, con valores éticos y morales que no ha cometido delito alguno”, apuntó el comunicado.

De ser detenida, Moreno sería la sétima precandidata a la Presidencia en ser arrestada en Nicaragua. Desde el 2 de junio anterior, el Gobierno en ejercicio estableció arresto domiciliario para Cristiana Chamorro y luego capturó a los también precandidatos de la oposición Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena.

Familiares de los detenidos continúan solicitando las condiciones mínimas para ellos, pues desconocen el estado físico y de salud de los detenidos. Actualmente se les ha negado el ingreso de alimentos sólidos, comunicación con los abogados y atención médica especializada en la Dirección de Auxilio Judicial.

Prácticamente los precandidatos arrestados se encuentran “desaparecidos”, pues sus familiares no han recibido información oficial de su paradero. 

La comunidad internacional se ha manifestado en contra de las acciones represivas de Ortega y a favor de un proceso electoral justo y democrático. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) y el Parlamento Europeo, han sido enfáticos en exigir la liberación de los presos políticos y en que se modifique la Ley Electoral con los parámetros establecidos por la Carta Democrática Interamericana.

Precisamente hoy lunes el Consejo de la Unión Europea analizará la resolución propuesta por el Parlamento Europeo, que solicita la ampliación de la lista de personas e instituciones que deben ser sancionadas, incluidos Daniel Ortega, presidente de la República, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo cercano.

Esta resolución contó con el apoyo de 629 votos, del total de 705 miembros de los 27 países pertenecientes a la Unión Europea.